- INSTRUMENTO Desafíos públicos con alto impacto ciudadano
- BENEFICIARIO Juan Peregalli Palleja : Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental
- DEPARTAMENTO Montevideo
- SUBSIDIO UYU 4260000
- FECHA DE INICIO 01.07.2025
- DURACIÓN 12 meses
- AÑO CONVOCATORIA 2024
- CÓDIGO DIC_D_2024_1_181565
- FASE SEGUIMIENTO
- ESTADO Seguimiento
La Ley N° 17.283 del 28 de noviembre de 2000 (Ley General de Medio Ambiente) establece previsiones para el desarrollo de políticas nacionales ambientales y de gestión ambiental. En la misma, se establece que todos los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de un ambiente sano y equilibrado, atribuyendo la competencia para abogar por dicho objetivo al Ministerio de Ambiente (MA). Dentro del MA, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) es la responsable de llevar adelante los procesos de control y fiscalización del desempeño ambiental de las actividades. Para llevar adelante la fiscalización, se debe utilizar la información que presentan las empresas, lo recolectado en inspecciones, y los datos que se reciben de la herramienta de monitoreo continuo. Tal cantidad de datos representa un desafío para el MA a la hora de monitorear y lograr ser oportunos en la detección de posibles apartamientos y en la aplicación de acciones correctivas. Por lo tanto, se considera necesario fortalecer tecnológicamente las capacidades de fiscalización y de autocontrol por parte de las industrias con tecnología que así lo permita. El alcance del problema que se pretende abordar comprende a todas las industrias que cuentan con un sistema de información y monitoreo remoto en funcionamiento. En la actualidad, 70 plantas son las que informan parámetros relacionados a emisiones al aire y/o efluentes y, 55 de esas plantas que reportan sobre sus efluentes, representan el 80% del total de los vertidos autorizados en el país. El Área Metropolitana (AM) concentra el 40% de las industrias con sistema de monitoreo continuo, por tanto, el potencial impacto de una herramienta de fiscalización efectiva y oportuna beneficiaría al menos 2.000.000 de personas , de cuyos hogares 33% son mujeres jefas de hogar.