- INSTRUMENTO Fondo Clemente Estable
- BENEFICIARIO Daniel Sebastian Diaz Venegas : Facultad de Derecho
- DEPARTAMENTO Montevideo
- SUBSIDIO UYU 620000
- FECHA DE INICIO 01.04.2017
- DURACIÓN 28 meses
- AÑO CONVOCATORIA 2016
- CÓDIGO FCE_3_2016_1_125463
- FASE CERRADO
- ESTADO Terminado
En el ámbito nacional uruguayo es con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) que se procede por parte del Estado a adaptar la normativa interna a las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Teniendo en la actualidad diferentes modificaciones introducidas por las Leyes Números 18.771, 18.777, 18.778, 19.055 y 19.367. En lo relacionado a la segunda instancia en materia penal juvenil el CNA dispone que serán competentes a nivel nacional los Tribunales de Apelación de Familia. En este sentido, un dato significativo refiere al bajo número de apelaciones realizadas por defensores y fiscales (FJD, 2010) , lo que se refleja en la cantidad de sentencias dictadas por el Tribunal de Apelación para el año 2014. (http://www.poderjudicial.gub.uy) Este dato es por demás relevante ya que nos permite hablar de un alto nivel de consenso entre los Operadores Jurídicos. Este consenso en el trabajo de los operadores jurídicos sin duda nos plantea una serie de interrogante, ya que más allá de la discusión jurídica que en concreto pueda tener lugar en primera instancia los casos apelados no dejan de ser un porcentaje muy bajo del volumen total de los procesos concluidos a nivel nacional. En este sentido, es pertinente preguntarnos acerca de cuáles son aquellos aspectos que escapan a este consenso y qué relación tienen con la construcción del derecho penal juvenil. Para ello partiremos de una distinción básica entre sistema y entorno, abordando al derecho como un sistema social parcial.